La Iglesia Católica en España está nerviosa. Los púlpitos echan humo. Es comprensible. Parece que alguien, por fin, va a meterse con la aberración social de que los contribuyentes puedan ceder una parte de sus impuestos para su sostenimiento.
Es lógico que el Estado aporte dinero para determinadas agrupaciones; los partidos políticos, por ejemplo, obtienen grandes subvenciones, mayores cuanto más representativos sean. Por ello, en tanto agrupaciones, es lógico también que se destine una parte del presupuesto público a las congregaciones religiosas.
Pero la Iglesia Católica ha de estar en su sitio. No es ni peor ni mejor que otras. Por lo tanto no tiene que tener mayores privilegios. La alusión a la tradición cristiana de España es un pobre argumento para justificar un trato de favor a la hora de distribuir un dinero generado por todos los contribuyentes; con y sin confesión.
Es, pues, obligación del gobierno hacer una norma justa de asignación económica a las diferentes agrupaciones. Deben, por tanto, desaparecer de la declaración del IRPF las casillas correspondientes a la asignación a la Iglesia Católica o a otros fines sociales. La Sociedad Civil saldrá beneficiada. Seguro.