

Pero, claro, Bruselas tiene auditores. Un auditor es un señor, o señora, que viene y hace preguntas simples. Coge un proyecto y dice: «Oiga usted, dónde está la justificación de este gasto en equipos informáticos», por ejemplo. Y la justificación no aparece, y el auditor, o la auditora, toma nota y sigue preguntando: «Oiga, cómo miden ustedes los resultados obtenidos y cómo gestionan que los objetivos se cumplen?»... Pregunta y apunta en una libreta, pero no dice nada. Cuando ya tiene suficiente, estrecha la mano de sus interlocutores y se marcha. Un tiempo después, elabora un informe que envía a sus jefes y, de repente, se cierra el grifo del dinero. Lo cual es un desastre para la gente que trabaja en los proyectos (científicos y técnicos sobre todo). Entonces, lo que se suele hacer es adelantar fondos propios (españoles) para que los proyectos no se paren. Porque si se paran y se sabe, puede ser políticamente un desastre.
Esto pasó muchas veces. Desde hace muchos años, la UE cierra el grifo porque aquí no hay más que trileros. Pasó en Andalucía, donde El Tribunal de Cuentas Europeo encontró tantas irregularidades que no quedó otra que suspender los pagos y pedir explicaciones, por tanta irregularidad. También pasó en Madrid hace unos días: problemas de auditoría, según dice. Ahora es a nivel estatal, 1122 millones: más problemas de auditoría. Según El País, hay 15 órganos gestores de fondos con cantidades retenidas. La Dirección General de Investigación Científica y Técnica tiene 483 millones bloqueados. Un desastre en toda regla que en cualquier país normal haría se saldaría con decenas de dimisiones. Pero aquí, como somos trileros, vale todo. Y para muestra un botón: Hacienda, que es de quien dependen muchos organismos de control, dice que estas irregularidades son habituales. Sí, sí, dice que son «habituales»... Con un par.
No sé a los demás. Pero a mi, estas cosas, me producen tanta vergüenza que no me queda más remedio que escribirlo para descargar la ira.
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