
No hay vuelta atrás. Es una enfermedad irreversible. Andrea está en este momento en la cama de un hospital en Santiago de Compostela con una importante desnutrición porque su cuerpo ya no tolera alimentos (imagino que ni la nutrición parenteral). La niña sufre horriblemente; los padres sufren horriblemente. Andrea quiere morirse, y sus padres que se muera, sin sufrimiento. Pero no la dejan. Parece que por el medio está la «ética y la legalidad». Así entrecomillado. No importa su tortura.
La percepción del tiempo es diferente para unos y otros. Los padres llevan meses peleando. Meses. Es increíble. Ellos ven como su hija sufre lo indecible. Pero como en España no hay leyes claras sobre la propiedad de la vida ni sobre el derecho de cada uno a quitarse del medio si lo desea, hay que pelear. Pelear para que una hija, el bien más preciado de unos padres, no sufra. Pelear por tiempo y tiempo. Tiempo de dolor para la niña. Pero quienes emiten los informes, a quienes están al cargo en estos asuntos en las instituciones no les importa . Simplemente se toman su tiempo. Su tiempo para pensar, para redactar. Tiempo casi eterno para quien está atada a un potro. Qué distinta es la medida del tiempo según la posición de cada uno, ¿verdad?
Después de la orgía de insensibilidad, el Comité de Bioética emite a mediados de septiembre un informe que dice que sí, que recomienda desconectar el soporte vital de esta pobre criatura. Pero su informe no es vinculante y el departamento de pediatría del hospital dice que no lo hace. Que hay problemas éticos y legales, y que convocan a los padres a una reunión. Todo parece un mal sueño, pero así está pasando. Y entre tanto la niña sigue allí, a la espera de que alguien la libere.
Tengo perfectamente claro que si tuviera un hijo en circunstancias similares, ante una situación de insensibilidad semejante por parte de administraciones, comités y hospitales, yo mismo la desconectaría de su soporte, si supiera que así dejaba de sufrir. Poco importa terminar por ello en la cárcel. No es ni ética ni moralmente sostenible que una situación como esta se de en un país que se llama a sí mismo «civilizado».
El derecho a una muerte digna, el derecho a disponer de la vida de uno mismo, el derecho a no sufrir para morir debe ser legislado con toda claridad en una ley básica. Una ley que pase por encima de prejuicios estúpidos, casi siempre relacionados con lo religioso. Una ley de este tipo no obligaría a nadie a nada, solo sería un derecho, y como tal no hay por qué usarlo si no se quiere. El que quiera morir retorciéndose, sería libre de hacerlo. Yo, personalmente prefiero algo menos bizarro.